Por. Metrópoli Online
Los siniestros viales son un problema de salud pública que afecta en mayor proporción a los jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud -OMS-, es la principal causa de fatalidad en personas menores de 30 años.
Solo ese dato debería ser suficiente para que Gobierno, Naciones Unidas, sociedad civil, sector privado y Organizaciones No Gubernamentales -ONG's- trabajen articuladamente en promover entornos seguros y propicios, donde se implemente un transporte multimodal, infraestructura y vehículos seguros, además de una atención oportuna en caso de colisiones.
Sin embargo, las estadísticas dejan en evidencia que las acciones son insuficientes para mitigar o mejorar el panorama. En 2024 Colombia reportó 8.271 decesos en siniestros viales, siendo el exceso de velocidad una de las principales causas.
La Seguridad vial es un derecho humano
Para Maryluz Barragán, subdirectora del Colectivo 'De Justicia', la Seguridad vial debe considerarse un Derecho humano porque cuando existe un siniestro vial, afecta derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la vida, cuando termina en una fatalidad; a la integridad física; el derecho a la salud y a la movilidad. Sin embargo, hablar de movilidad segura, implica otros derechos conexos como el trabajo, la educación, o la recreación.
Por otra parte, Barragán se refirió a la correlación accidentalidad - vulnerabilidad, citando datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien afirma que para el primer semestre 2024, los motociclistas representaron el 62% de los accidentes viales; mientras la ANDI afirma que el 91% de las personas que adquieren moto pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Por lo tanto, garantizar la seguridad vial, también es una tema de justicia social y justicia socioeconómica.
Por último, la subdirectora 'De Justicia', dejó claro que entender la seguridad vial como un derecho no implica mayores demandas para el Estado y señaló que "Si bien el Estado es garante de asegurar que las vías estén en buen estado, que haya correcta señalización. En una colisión entre particulares, no necesariamente implica que va haber una afectación a la cartera del Estado. Lo que sí es cierto es que el Estado debe garantizar procedimientos para que los particulares que se ven afectados por distintos escenarios o elementos puedan acceder a la justicia y puedan estar debidamente reparados", concluyó la jurista.