Foto: Bogotá Social
Recientemente se radicó ante la Secretaría General del Senado de la República el Proyecto 'Ley de Tercios' que busca democratizar la pauta oficial, permitiendo el fortalecimiento de los medios comunitarios y alternativos del país.
La iniciativa fue presentada por el senador Robert Daza Guevara del Pacto Histórico, y busca regular la distribución de la pauta oficial del Estado, de manera que garantice equidad y pluralidad para que los medios comunitarios, públicos y privados reciban en partes iguales los recursos destinados a la publicidad institucional.
La Fuerza de un Sueño
El proyecto retoma la visión de la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa (CCC), que desde hace años ha liderado la lucha por la democratización de la pauta oficial y es acompañada por miles de directores de medios comunitarios en todo el territorio nacional. Propuesta que en el pasado no fue radicada por falta de voluntad política en la agenda gubernamental.
El sueño empieza a materializarse con el Proyecto de Ley 128 de 2025, que desde ya es un triunfo para las organizaciones sociales, culturales y comunitarias que durante décadas han pedido un trato justo y equilibrado ante la concentración de recursos en manos de grandes conglomerados mediáticos.
¿En qué consiste la propuesta de Ley de Tercios?
El principio propone una división equitativa del 100% del presupuesto de pauta oficial del Estado, de esta manera le corresponde un 33% a los medios comunitarios y alternativos. De esta manera, se fortalece la voz de las comunidades, la diversidad informativa, la participación ciudadana y la libertad de expresión.
El recurso de divulgación o pauta es un recurso significativo que por años ha quedado en manos de los grandes medios de comunicación. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entre 2016 y 2020 se gastaron cerca de 860 mil millones de pesos en publicidad oficial, concentrados en grandes medios urbanos. Solo la Alcaldía de Bogotá destinó más de 81.500 millones de pesos entre 2020 y 2022, mientras ciudades como Barranquilla superaron los 94.000 millones en el mismo periodo.
Según la Contraloría General de la República -CGR-, durante los años 2012 – 2014 el gobierno Santos se habría gastado 2,3 billones en publicidad y eventos; mientras en el 2012 el Estado gastó en eventos y publicidad 946 mil millones, de los cuales, 55 mil millones correspondieron a la Cumbre de las Américas, y en el 2013, el recurso fue de 177.210 millones; entre julio del 2013 y enero del 2014, el gasto fue de 1,1 billones: 686 mil millones en eventos y 502.538 en publicidad.
Durante el actual gobierno, el gasto no se ha detenido. Un informe reciente reveló que entre agosto de 2022 y diciembre de 2024, el Ejecutivo invirtió más de 131 mil millones en publicidad oficial. De acuerdo con los datos oficiales, solo en 2024, el gasto en publicidad alcanzó los 63.508 millones, distribuidos principalmente entre tres centrales de medios públicos: RTVC, Teveandina (Canal Trece) y Telecafé, mientras en gobiernos anteriores la cifra fue de cinco a diez veces más.
¿El problema? Esta inversión no ha sido equitativa: los medios comunitarios y alternativos han quedado relegados, sin acceso proporcional a los recursos que deberían garantizar el pluralismo informativo.
El acto de radicación más que un trámite, fue un momento histórico cargado de simbolismo y unidad. El senador Robert Daza, hizo un llamado a la democratización de la comunicación, destacando que esta ley es una herramienta para la inclusión, la diversidad y el fortalecimiento del derecho ciudadano a estar informado.
Por su parte, Rodrigo H. Acosta Barrios, presidente de la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa (CCC), recordó que "esta iniciativa nació desde las comunidades, en los medios de los municipios, en el acumulado de los medios de Bogotá y Medellín, en los medios alternativos y poblacionales que día a día luchan por sostenerse".
María Alejandra Pérez, presidenta de Una Colombia, subrayó que "esta es una oportunidad histórica para corregir las inequidades y dar voz a quienes nunca la han tenido en igualdad de condiciones".
El reto político
Ahora viene la parte más difícil, lograr el respaldo de las diferentes bancadas del Congreso. El proyecto inicia su trámite en la Comisión Sexta del Senado, donde será necesario construir consensos en medio de un escenario preelectoral y con un Pacto Histórico que enfrenta serias dificultades para asegurar mayorías. Sin embargo, los promotores del proyecto insisten en que este no es un tema partidista, sino un asunto de democracia, libertad de expresión y participación ciudadana, por lo tanto invitan a todas las fuerzas políticas a sumarse.
Colombia a tono con el mundo
La propuesta se inspira en experiencias internacionales exitosas, como Ecuador, que adoptó un modelo similar, reservando incluso un 34 % para medios comunitarios. También, se fundamenta en las recomendaciones de la ONU y la CIDH, que han advertido que la concentración de pauta en pocos medios es una forma indirecta de censura y limita la pluralidad informativa.
Según la Relatoría Especial de la CIDH, la asignación a dedo de la publicidad oficial, constituye una forma de censura indirecta. Constituye una forma de presión que condiciona la línea editorial de un medio según la voluntad de quien ejerce la presión. La Relatoría señaló: “[…] Los mecanismos de censura indirecta suelen esconderse detrás del aparente ejercicio legítimo de facultades estatales, muchas de las cuales se ejercen por los funcionarios en forma discrecional. En consecuencia, estas formas de censura indirecta son particularmente difíciles de detectar, ya que no es fácil determinar con exactitud la línea que separa al ejercicio legítimo de una facultad de la restricción ilegítima de un derecho.
En caso de convertirse el proyecto en Ley, representará una victoria histórica para los medios comunitarios y alternativos, que durante décadas han sostenido la voz de las comunidades sin apoyo estatal. La batalla apenas comienza, y la radicación del Proyecto de Ley 128 de 2025 es un mensaje contundente: la comunicación debe ser un derecho, no un privilegio para unos pocos.
Artículo colaborativo con Rodrigo Acosta y Bogotá Social.