Por Héctor León Hernández Flórez
Magíster en Estudios de Paz
La denominada “Paz Total” fue definida por la Ley 2272 de 2022 como una política de Estado orientada a la construcción de una paz estable y duradera, superando la visión tradicional que reduce la paz exclusivamente a la negociación con actores armados. Desde su propia formulación legal, entiende la paz no únicamente como negociación armada y la redefine como una política de Estado permanente, transversal y obligatoria para todas las instituciones públicas.
La ley no se limita a regular diálogos o sometimientos, sino que articula múltiples dimensiones: implementación del Acuerdo de Paz de 2016, paz territorial, reparación colectiva, retornos y reubicaciones, seguridad humana, participación ciudadana, cultura de paz y transformación territorial. En ese sentido, la paz total no reemplaza la justicia transicional anterior, sino que la amplía y la conecta con otros instrumentos estatales.
De hecho, si repasamos la norma, esta denota desde sus inicios una preocupación por validar, retomar y profundizar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, después de los cuatro años perdidos durante el gobierno Duque con su política de “Paz con Legalidad”: una propuesta que, en lugar de aportar doctrinariamente a una política pública integral de paz, terminó convirtiéndose principalmente en un mecanismo de ejecución del gasto público bajo el lenguaje y en nombre de la construcción de paz.
Mientras el Acuerdo de Paz de 2016 concentró buena parte de su estrategia territorial en los 170 municipios PDET, la Paz Total retoma esa priorización y la articula con el universo más amplio de los 344 municipios ZOMAC o Zonas Más Afectadas por el Conflicto, ampliando el alcance territorial de la intervención estatal hacia cerca de una tercera parte de los municipios del país afectados por el conflicto armado, la pobreza y la debilidad institucional. Esto evidencia que la Paz Total no se limita a la negociación con actores armados, sino que busca profundizar y expandir la transformación territorial como condición para una paz estable y duradera.
Uno de los cambios más importantes es la incorporación del enfoque de seguridad humana, que desplaza parcialmente la visión tradicional centrada exclusivamente en el control militar. La ley entiende que la violencia también se alimenta de factores como pobreza, exclusión, abandono estatal y desigualdad territorial, por lo que prioriza respuestas sociales, económicas, culturales y ambientales junto con las medidas de seguridad.
Asimismo, el Servicio Social para la Paz demuestra claramente que la paz total va más allá del silenciamiento de los fusiles. La ley propone que los jóvenes puedan contribuir a la construcción de paz mediante trabajo comunitario, pedagogía, apoyo a víctimas, protección ambiental y fortalecimiento territorial, ampliando así el concepto mismo de servicio al país.
De hecho, la Ley 2272 de 2022 tiene mucho más alcance del que normalmente se reconoce en el debate público. Uno de sus aportes más relevantes es que rompe parcialmente con la idea de que la paz es una política excepcional asociada únicamente a coyunturas de negociación. Por el contrario, la convierte en un criterio permanente de acción estatal. La paz deja de ser entendida como una meta temporal de gobierno para convertirse en una obligación transversal del Estado colombiano, vinculante para todas las ramas y niveles del poder público.
Así mismo, la ley construye un verdadero ecosistema de paz y no simplemente un mecanismo de negociación. En ella conviven simultáneamente la implementación de acuerdos anteriores, los procesos de diálogo y negociación, el sometimiento a la justicia, la seguridad humana, la transformación territorial, la participación ciudadana, la reconciliación y la cultura de paz. Esta amplitud refleja una comprensión más compleja del conflicto colombiano, entendido no solo como una confrontación armada, sino como la convergencia de violencias políticas, criminales, económicas, sociales, ambientales y territoriales.
La ley también introduce un cambio significativo en la concepción tradicional de la seguridad. Al incorporar el enfoque de seguridad humana, reconoce que las amenazas a la paz no provienen exclusivamente de actores armados, sino también de fenómenos como la pobreza, la exclusión social, el abandono estatal, las economías ilícitas, la degradación ambiental y las profundas desigualdades territoriales. En consecuencia, la construcción de paz deja de depender únicamente de la capacidad coercitiva del Estado y pasa a exigir respuestas integrales de carácter social, económico, cultural y ambiental.
Otro elemento innovador es que la ley democratiza la construcción de paz. Mientras los procesos anteriores tendían a concentrarse en las relaciones entre el Gobierno y los actores armados, la paz total incorpora como sujetos activos de construcción de paz a las víctimas, las comunidades, las juventudes, las organizaciones sociales, los pueblos étnicos, el campesinado, las mujeres, los sectores religiosos y otros actores históricamente excluidos de las decisiones sobre el futuro del país. La paz deja de ser un asunto exclusivo de negociadores para convertirse en una tarea colectiva de la sociedad.
Principales aportes de la “Paz Total” al Acuerdo de Paz de 2016
- Prioriza los 170 municipios PDET y amplía la lógica de intervención territorial mediante la articulación con las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC).
- Refuerza la implementación integral del Acuerdo Final de Paz como política de Estado y no simplemente como política de gobierno.
- Fortalece el principio de paz territorial mediante mecanismos de planeación, inversión pública y priorización presupuestal.
- Mantiene la centralidad de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
- Amplía la justicia transicional al incorporar escenarios de diálogo, acercamiento, sometimiento y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas y organizaciones criminales de alto impacto.
- Introduce el enfoque de seguridad humana como complemento al paradigma tradicional de seguridad nacional.
- Crea el Servicio Social para la Paz como mecanismo de participación juvenil en la construcción de paz y alternativa al servicio militar.
- Amplía los sujetos de especial protección y de construcción de paz, incorporando de manera más explícita al campesinado, los territorios, la naturaleza y otros sujetos de derechos.
- Fortalece la participación de la sociedad civil en la formulación, implementación y seguimiento de las políticas de paz.
- Incorpora de manera expresa la cultura de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización como componentes de la política pública.
- Busca garantizar la continuidad institucional de los procesos de paz firmados y futuros, independientemente de los cambios de gobierno.
- Articula la construcción de paz con agendas de desarrollo, reducción de desigualdades, protección ambiental y fortalecimiento democrático.
Más allá de las controversias políticas, los resultados parciales de su implementación o los debates sobre la eficacia de algunas de sus estrategias, la Paz Total ya ha realizado un aporte significativo al pensamiento y a la política pública de paz en Colombia. Su principal contribución consiste en haber ampliado el marco conceptual desde el cual se entiende la construcción de paz, trascendiendo la visión limitada que la reduce exclusivamente al silenciamiento de los fusiles o a la negociación con actores armados.
Independientemente de los resultados que arrojen las urnas el próximo 31 de mayo y de la orientación política que adopten los futuros gobiernos, la Ley 2272 de 2022 deja instalados en el debate público y jurídico conceptos como la seguridad humana, la cultura de paz, la participación ciudadana en la construcción de paz, la centralidad de las víctimas, la transformación territorial y la paz como política de Estado. Estos elementos difícilmente podrán ser ignorados en las discusiones futuras sobre seguridad, desarrollo y democracia.
En este sentido, el principal legado de la Paz Total podría no encontrarse únicamente en los resultados concretos de los procesos de diálogo o sometimiento actualmente en curso, sino en haber contribuido a la construcción de un nuevo paradigma de política pública para sociedades que buscan transitar de escenarios de violencia armada hacia escenarios de democracia sustantiva, inclusión social y garantía efectiva de derechos. Desde esta perspectiva, la Paz Total constituye una experiencia que, con sus avances, limitaciones y contradicciones, aporta elementos valiosos no solo para Colombia sino también para otros países que enfrentan el desafío de superar conflictos prolongados y construir condiciones duraderas de convivencia democrática.