Por. Metrópoli Online
Tres de cada cuatro personas morían en Colombia por enfermedades no transmisibles y el 56,4% de los adultos tiene sobrepeso u obesidad, según datos de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, condiciones atribuibles al consumo excesivo de azúcares, sodio y ultraprocesados.
Ante esta afección de salud pública, la aplicar tributos a estos productos se considera una herramienta que permite frenar afecciones cardiovasculares e hipertensión al reducir la compra de comestibles perjudiciales y la promoción de hábitos de vida más equilibrados.
Expertos en nutrición y bienestar integral, como el médico funcional Carlos Jaramillo, coinciden en la urgencia de desincentivar el consumo de ultraprocesados para proteger el organismo y prevenir fallas metabólicas. De igual manera, la Asociación Colombiana de Salud Pública -ACSP- señala que los impuestos saludables buscan disminuir la accesibilidad financiera a comestibles dañinos, motivar decisiones de compra más conscientes e impulsar a las empresas a reformular sus recetas con menor contenido de aditivos: azúcar y sodio.
Experiencias internacionales respaldan la efectividad de estas medidas. En la región, iniciativas similares en países como Chile han demostrado el impacto positivo de regular el entorno alimentario. Por su parte, la evidencia en México reflejó que un gravamen del 8% a alimentos de alta densidad energética logró una reducción del 5,1% en las compras durante el primer año, cifra que alcanzó un 10,2% en los hogares de menor nivel socioeconómico y que continuó aumentando en el segundo año de implementación.
Impacto en la población
En Colombia, las cifras preliminares del Ministerio de Salud y del DANE indican que el consumo de alimentos de paquete cayó 4,3 puntos porcentuales entre 2023 y 2024. Adicionalmente, reportes de ANIF revelan que la proporción de jóvenes de 12 a 28 años que consumen bebidas azucaradas a diario disminuyó del 24,6% al 22,6%, mientras que en adultos de 29 a 44 años la cifra se redujo del 24,9% al 19,2%. Entre enero y noviembre de 2024, este rubro aportó $1,9 billones de los $2,2 billones recaudados por impuestos saludables en el país.
Preservar y fortalecer esta política resulta indispensable para construir un sistema alimentario favorable para todos. La Corte Constitucional ha respaldado la legalidad de este tributo en las Sentencias C-435 de 2023 y C-006 de 2026, confirmando que su diseño responde a criterios técnicos objetivos para proteger la vida. La articulación de esta medida con el etiquetado frontal de advertencia, la educación nutricional y el acceso a alimentos frescos garantizará un impacto sostenible en el bienestar colectivo.
Es de precisar que según la OMS, el impuesto a productos con impacto negativo en la salud, además del recaudo y la disminución en el consumo, debe invertir en programas de prevención de enfermedades y educación en hábitos saludables, de lo contrario, su impacto no será significativo. En este sentido, el llamado de la ACSP es a preservar y evaluarse con rigor para cumplir el objetivo del mismo. Retirarlos apenas dos años después, sin una evaluación que lo justifique, significaría renunciar a una herramienta respaldada por la evidencia justo cuando empieza a ser posible medir sus efectos en el país, señala el reciente comunicado de la Asociación.